Para entender el origen de este fenómeno tenemos que remontarnos a la reforma energética impulsada por Enrique Peña Nieto.

En agosto de 2013, el entonces presidente presentó su iniciativa de reforma energética. El 20 de diciembre de ese año fue promulgada la reforma constitucional en materia energética y, en agosto de 2014, se aprobaron las leyes secundarias.

Con ese nuevo marco jurídico se abrió el sector energético a la participación privada y se establecieron las bases para que particulares pudieran obtener permisos para importar y exportar hidrocarburos y petrolíferos. Antes de esa reforma, solamente Pemex tenía el control de las importaciones de hidrocarburos.

*La puerta se abrió con aquella reforma. *

Emilio Lozoya, quien fuera director de PEMEX durante el gobierno de Peña Nieto, declaró ante la FGR que durante 2013 y 2014 se utilizaron recursos para conseguir apoyo legislativo para las reformas estructurales. En su denuncia señaló que se destinaron *120 millones de pesos para sobornar a legisladores del PAN*.

También declaró que en junio de 2014 Luis Videgaray le instruyó entregar *6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya*, entonces diputado y coordinador de la bancada panista, por su influencia para conseguir respaldo legislativo a la reforma energética.

La reforma fue aprobada y con ella cambió el régimen de importación de hidrocarburos. A partir de entonces comenzaron a otorgarse permisos a particulares para importar combustibles y se creó un nuevo mercado que, con el tiempo, también sería aprovechado para desarrollar mecanismos de contrabando y evasión fiscal.

El *huachicol tradicional* es el robo físico del combustible mediante tomas clandestinas en los ductos de Pemex.

El *huachicol fiscal* utiliza permisos, documentos y operaciones aduaneras para introducir combustible irregularmente y evadir impuestos, por ejemplo, declarando volúmenes menores a los realmente transportados o haciendo pasar un producto por otro.

*Uno roba físicamente el combustible; el otro roba al Estado mediante documentos, aduanas y evasión fiscal.*

Durante el gobierno del presidente López Obrador se emprendió una revisión de los permisos de importación de hidrocarburos y se cancelaron 1265 de ellos por detectarse irregularidades.

Pero algunas empresas recurrieron a los tribunales. Entre ellas estuvo *Ingemar*, empresa de la que es socio el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel.

El gobierno federal canceló permisos de la empresa, pero Ingemar obtuvo amparos que obligaron a las autoridades a restituir o mantener autorizaciones para importar hidrocarburos.

De acuerdo con documentación revisada por *La Jornada*, Ingemar cuenta con cuatro permisos que, en conjunto, autorizan la importación de 498 millones 720 mil litros de hidrocarburos: 216 millones de litros de gasolina regular, 102 millones 240 mil de gasolina premium, 173 millones 280 mil de diésel y 7 millones 200 mil de turbosina y queroseno.

Y aquí llegamos a las investigaciones de la Fiscalía General de la República.
La investigación señala que algunos carrotanques declaraban alrededor de *10 mil litros de combustible*, cuando en realidad transportaban aproximadamente *110 mil litros*. Es decir, el combustible estaba físicamente ahí; lo que presuntamente se falseaba era lo que aparecía en los documentos.

De acuerdo con las investigaciones difundidas sobre el caso, la red vinculada con Ingemar habría movilizado más de 800 millones de litros de combustible en 15 meses, con un daño fiscal estimado en más de 5 mil 400 millones de pesos.

Por eso el combate al huachicol fiscal también es una lucha por la soberanía energética y por el patrimonio de los mexicanos.

Los gobiernos de la Cuarta Transformación heredaron este problema y decidieron combatirlo. Primero fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con la estrategia contra el robo de combustibles, la revisión y cancelación de permisos y el fortalecimiento de los controles sobre el sector energético. Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado continuidad a esa política mediante el fortalecimiento de las aduanas, la coordinación entre autoridades y las investigaciones contra las redes que participan en el contrabando de hidrocarburos.

Y aquí está la reflexión que no debemos perder de vista.

Cuando algunos sectores del PRIAN pretenden presentarse como inocentes frente al huachicol fiscal, pareciera que quisieran que a los mexicanos se nos borrara la memoria.

Pero la historia no puede borrarse: *la reforma energética que abrió el mercado de importación de hidrocarburos fue impulsada por el gobierno de Peña Nieto; Emilio Lozoya declaró ante la FGR sobre presuntos sobornos para conseguir apoyo legislativo para esa reforma; después vinieron los permisos, los litigios y los amparos, y hoy existen investigaciones sobre redes que presuntamente utilizaron esos mecanismos para introducir combustible mediante esquemas de contrabando y evasión fiscal.*

No se trata de condenar a nadie antes de que concluyan los procesos judiciales. Se trata de no permitir que se borre la historia ni que quienes participaron en la construcción del modelo que abrió aquella puerta pretendan hoy aparecer como simples espectadores.

La Cuarta Transformación no inventó el huachicol fiscal. Lo heredó y decidió combatirlo, porque defender la soberanía energética también significa defender los recursos públicos.

Y porque cuando algunos intentan borrar la historia, *recordarla también es una forma de hacer justicia.*