El lío en el que se ha visto envuelto el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, al ser acusado de lavado de dinero luego de una serie de grabaciones de audio divulgadas por la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, es una clara repercusión del rechazo de los legisladores priistas a la fallida contra-reforma eléctrica que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a la Cámara de Diputados. Desde el fracaso sufrido por la controversial iniciativa presidencial en la Cámara Baja, tanto el primer mandatario nacional como Mario Delgado, dirigente nacional de MORENA acusaron de “traidores a la patria” a las diputadas y los diputados panistas, perredistas y priistas que votaron contra el polémico proyecto. Alejandro Moreno y el PRI promovieron ampliamente el veto al proyecto energético presidencial, con el resultado conocido. Por ello, es evidente que el escándalo que ahora gira en torno al líder tricolor tiene un fuerte aroma a venganza política.
–al menos mientras no surja y se resuelva en sentido contrario una impugnación de la sentencia-

El amparo recientemente otorgado por un juez federal a buzos y ambientalistas yucatecos con motivo de la ilegal construcción del tramo 5 del Tren Maya, que comprende el trayecto Tulum-Playa del Carmen–Cancún, ha puesto en evidencia al Gobierno Federal. La razón por la cual el Juez Primero de Distrito en Yucatán, Adrián Novelo, concedió el amparo y la suspensión definitiva de la construcción del citado tramo, se desprende de la ilegalidad en la que incurrió el gobierno al iniciar la ejecución de los trabajos constructivos sin contar con la evaluación o manifestación (estudio) de Impacto Ambiental, es decir, sin tener un dictamen técnico que garantice que la obra no dañará al medio ambiente.


El criterio del juez que concedió el amparo a los buzos y ambientalistas integrantes de las asociaciones civiles ecologistas que demandaron la protección del Poder Judicial Federal, se sustentó en el evidente riesgo de daño irreversible al medio ambiente que implica la realización de tal obra sin un dictamen de impacto ambiental que asegure su compatibilidad con la selva y el medio ambiente natural que la rodean. Han sido reiteradas las opiniones de defensores de la naturaleza y conocedores del tema ecológico que denuncian la imposibilidad e inviabilidad de la construcción del Tren Maya en varias zonas de la selva.


Los argumentos que los ambientalistas exponen se fincan en las condiciones de porosidad natural del subsuelo, así como en la existencia de varios sistemas de cuevas y ríos subterráneos, y cenotes, dentro de ese medio selvático, los cuales, de llevarse a cabo el proyecto constructivo sufrirían derrumbes y obstrucciones o colapsos que alterarían gravemente el ecosistema, además de la contaminación generada por la obra. Ante esto, es necesario hacerlos dos preguntas: ¿Por qué el Gobierno Federal violó la ley e inició la construcción de la obra sin contar con el elemental estudio de impacto ambiental, requisito indispensable para la realización de los trabajos?. ¿Acaso tienen razón los ambientalistas que se oponen al proyecto, y resulta técnicamente imposible emitir un dictamen de impacto ambiental que justifique la construcción del Tren Maya, porque éste constituye una amenaza al medio ambiente debido a que los terrenos en los que se pretende asentar no son aptos para ello? Por Carlos Jaramillo Vela