POR CARLOS JARAMILLO VELA
Quizá en México jamás se había visto, o al menos no en las décadas recientes, una postración tan clara como la que ha caracterizado durante el actual sexenio a la relación del Poder Judicial respecto al Poder Ejecutivo. Durante el presente gobierno ha sido evidente el sometimiento del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los designios del presidente Andrés Manuel López Obrador. En reiteradas ocasiones el ministro Arturo Zaldívar, titular del más alto Tribunal del país, ha salido a efectuar declaraciones en defensa de las posturas y acciones del presidente López Obrador, a pesar de lo controversial y comprometedor de éstas.
Es pertinente recordar que de manera frecuente el presidente ha traspasado los límites legales que la Constitución del país le impone, es decir, ha transgredido las normas jurídicas que delimitan su actuación. Asimismo, el mandatario ha desacatado con total ligereza y desenfado los cánones de la diplomacia y la política. Son varios los ejemplos de tal conducta alejada de las directrices jurídicas y los protocolos políticos: las agresiones al INE y a su titular, cuando este instituto ha sancionado a MORENA o a sus candidatos; las intromisiones y descalificaciones hacia el trabajo de los jueces federales y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando las resoluciones de los juzgadores no han sido del agrado presidencial; la injustificada declaración del Tren Maya como asunto de seguridad nacional, solo para evadir las sentencias de amparo que ordenaron la suspensión de las obras por su irregularidad legal y riesgos hacia el medio ambiente; la irrespetuosa descalificación y la acusación de traidores a la patria vertidas contra las diputadas y los diputados de oposición que se opusieron a la iniciativa de reforma energética planteada por el presidente. El incumplimiento de los contratos con las empresas nacionales y extranjeras generadoras de energía y la obstaculización de sus trabajos e inversiones, a pesar de operar dichas empresas al amparo de las leyes mexicanas y los tratados internacionales. La abierta anticipada campaña electoral del presidente, MORENA y los aspirantes presidenciales morenistas, impulsados todos ellos por el mismo presidente, a pesar de estar legalmente impedidos para ello.
En todos estos casos el común denominador de la actuación del presidente de la Suprema Corte ha sido actuar de modo tímido y con sumo tiento y cautela política para evitar provocar el enojo del presidente López Obrador, quien por su parte desde el inicio de su ejercicio gubernamental se ha conducido desafiando no solo de manera tácita sino también verbal y expresamente al marco legal y a las instituciones. El actual escenario político de México hace necesaria la fortaleza y el respeto a los andamiajes institucional y jurídico. La inobservancia de la ley es uno de los rasgos distintivos de las dictaduras. La presente coyuntura exige que México cuente con un Poder Judicial verdaderamente autónomo, independiente Y
digno, que salvaguarde al país de los riesgos de la desmesura y el autoritarismo que suelen afectar a quienes ostentan el poder político.
